Recientes investigaciones revelan que el rey Carlos III y el príncipe William reciben ingresos públicos a través de contratos de alquiler de tierras, sin estar sujetos a impuestos, lo que ha generado controversia en torno a la transparencia de su fortuna.
Por Redacción Cosas. Foto: Getty Images
La opacidad que rodea el patrimonio de la familia real británica ha generado nuevos cuestionamientos sobre la transparencia financiera de sus miembros, particularmente del rey Carlos III y el príncipe William. Según una investigación publicada recientemente por The Sunday Times y el Canal 4, ambos miembros de la realeza perciben ingresos de organismos públicos a través de arrendamientos de terrenos y propiedades, sin tener que abonar impuestos corporativos ni sobre las ganancias de capital derivadas de estas transacciones.
En concreto, los ducados de Lancaster y Cornualles, administrados respectivamente por Carlos III y su hijo William, generan ingresos multimillonarios a través de contratos de alquiler de tierras a entidades como el Servicio Nacional de Salud (NHS), actualmente en crisis por la falta de financiación, así como a varios ministerios y organizaciones benéficas. Este tipo de acuerdos, que implican el alquiler de propiedades que pertenecen a estos ducados, ha sido fuente de ingresos constantes para la familia real, pero hasta ahora poco se conocía sobre el alcance exacto de estos contratos.
Lo que ha aumentado la polémica es la revelación de que estos ducados, que poseen grandes extensiones de tierras y propiedades en Inglaterra y Gales, están exentos de pagar impuestos sobre las ganancias generadas por estas rentas. Esta situación contrasta con las altas cargas fiscales a las que están sujetos otros sectores de la sociedad británica, lo que ha generado un malestar creciente entre los ciudadanos.
Si bien los ducados de Lancaster y Cornualles son propiedades privadas, los ingresos que generan están destinados, en parte, a financiar la Casa Real y los gastos oficiales del príncipe William. Sin embargo, la falta de claridad sobre la magnitud de los contratos y los beneficios fiscales que reciben estos activos ha reavivado las críticas hacia una institución que, según los detractores, no ha sido lo suficientemente transparente con sus finanzas.